Que pena es que la sensatez se tenga que adoptar por ley constitucional, y lo que debiera ser signo de coherencia, como es adoptar medidas de contención de gasto y derroche, se tenga que escribir en la carta magna para no sé qué.

Hace bien poco tiempo, el gobierno autorizaba las operaciones de endeudamiento extraordinario de regiones como Andalucía y Cataluña. Hace menos tiempo Rubalcaba hablaba de ahorrar 1.000 millones de euros mediante la supresión de las diputaciones. Así es estimados lectores, esto está dejando a los socialistas tan descolocados que la desbandada general está llegando a las cotas más altas.

Al margen de la obvia discusión partidista que puedan tener estas nuevas medidas autocontradictorias de Zapatero, ¿qué supone una modificación constitucional del gasto de las administraciones públicas?

En primer lugar supone una aceptación de las limitaciones del Estado en materia de inversión pública como forma de incentivar la economía, visto en los planes E. Es decir, esta decisión supone que el Gobierno puede ser más efectivo, y tiene que serlo, ahorrando que gastando. Algo de sobra conocido, pues tan solo hay que comparar cualquier presupuesto de contratación y ejecución pública con uno privado, fijándose por ejemplo en los gastos generales.

Por otro lado, supone también que el Gobierno ha sido incapaz de articular, controlar y gestionar el presupuesto y sus estimaciones, pues evidentemente una medida así sólo cabe adoptarla cuando el déficit y la deuda se han disparado y los ingresos a las arcas públicas son inseguros. Es decir, es un reconocimiento de la incertidumbre económica, y por lo tanto laboral, de nuestro país.

El hecho de que se haga a través de una modificación constitucional, y no a través de una ley como era la anterior de equilibrio presupuestario, denota una evasión de responsabilidades futuras dejando cualquier reclamación o posible resolución directamente a Constitucional.

Y por supuesto, también es una evasión de responsabilidad al saber de antemano que contaba con apoyo de la oposición, recuperando rastreramente un acuerdo rechazado.

Sí rectificar es de sabios, y más vale tarde que nunca. Pero no da ninguna buena impresión que un gobierno acabado tome medidas así en sus últimos días, más aún cuando precisamente lo que lleva mucho tiempo abanderando ese gobierno es crear confianza mediante meros “gestos”.

En cualquier caso, esto es traer a colación el debate del verdadero problema de la crisis, y no negarlo o minimizarlo con parches.

Rubalcaba ve modificando tu programa.

Es cierto que España tiene una de las tarifas más baratas en Europa, como muchos quieren recordar, aunque también hay que recordar que aún tenemos unos suministros de los más precarios. De hecho dependemos eléctricamente de Francia, y de África importamos el gas. Tal vez también correspondería analizar aquí las necesidades futuras del país y los medios que tiene para cubrirlas (o para desaprovecharlos y dejar que aumente el llamado déficit de tarifa). Esto nos llevaría a que, debido a las medidas tomadas en cuanto a productividad de energía eléctrica, todos los españoles tenemos hipotecada la tarifa cada vez a más largo plazo. También nos llevaría a la conclusión de que si el Gobierno cede a esta impopular medida por consejo de la Comisión Nacional de Energía, debe ser porque tenga menos disponible para la manifiesta subvención de tarifa a las productoras.

Esto sería signo, una vez más, de la situación innombrable, la desaceleración de la aceleración de la velocidad del movimiento. En mi idioma frenazo, debido a la pérdida del superhábit del que Zapatero disponía cuando estrenó la Moncloa.

En resumidas cuentas y centrándonos en la cuestión, la noticia de estos días es la nueva subida de la tarifa eléctrica, con la que la subida de este año estaría en torno a un 10%. Algo que descontenta a todo el mundo, algo que era evidente y el Gobierno de España ya tenía previsto. Por eso había preparado la fantástica tarifa social.

Esta tarifa, desde un inicio debe haberse concebido como un mero titular. La OCU le hace correciones, al igual que FACUA y el resto de consumidores. Y es que esta tarifa sólo supondrá un descuento del 10% (la cuota por potencia) a quienes tengan contratada menos potencia, menos de 3kW. Es decir, un descuento de 10% a quienes no tengan un aire acondicionado, un secador, o un lavavajillas. A mi me suena poco social.

Sólo queda la esperanza de ver como el Ministro de las revistas de Gallardón, aplica las nuevas tarifas a las empresas de forma que la subida no redunde en un nuevo alza de la inflación, como ha dicho que hará.