Y Zapatero dijo «hay que limitar el deficit constitucionalmente», y los socialistas se convencieron, y la constitución se modificó, y donde antes hubo barra libre se imperó la dictadura de la sensatez.

Que pena es que la sensatez se tenga que adoptar por ley constitucional, y lo que debiera ser signo de coherencia, como es adoptar medidas de contención de gasto y derroche, se tenga que escribir en la carta magna para no sé qué.

Hace bien poco tiempo, el gobierno autorizaba las operaciones de endeudamiento extraordinario de regiones como Andalucía y Cataluña. Hace menos tiempo Rubalcaba hablaba de ahorrar 1.000 millones de euros mediante la supresión de las diputaciones. Así es estimados lectores, esto está dejando a los socialistas tan descolocados que la desbandada general está llegando a las cotas más altas.

Al margen de la obvia discusión partidista que puedan tener estas nuevas medidas autocontradictorias de Zapatero, ¿qué supone una modificación constitucional del gasto de las administraciones públicas?

En primer lugar supone una aceptación de las limitaciones del Estado en materia de inversión pública como forma de incentivar la economía, visto en los planes E. Es decir, esta decisión supone que el Gobierno puede ser más efectivo, y tiene que serlo, ahorrando que gastando. Algo de sobra conocido, pues tan solo hay que comparar cualquier presupuesto de contratación y ejecución pública con uno privado, fijándose por ejemplo en los gastos generales.

Por otro lado, supone también que el Gobierno ha sido incapaz de articular, controlar y gestionar el presupuesto y sus estimaciones, pues evidentemente una medida así sólo cabe adoptarla cuando el déficit y la deuda se han disparado y los ingresos a las arcas públicas son inseguros. Es decir, es un reconocimiento de la incertidumbre económica, y por lo tanto laboral, de nuestro país.

El hecho de que se haga a través de una modificación constitucional, y no a través de una ley como era la anterior de equilibrio presupuestario, denota una evasión de responsabilidades futuras dejando cualquier reclamación o posible resolución directamente a Constitucional.

Y por supuesto, también es una evasión de responsabilidad al saber de antemano que contaba con apoyo de la oposición, recuperando rastreramente un acuerdo rechazado.

Sí rectificar es de sabios, y más vale tarde que nunca. Pero no da ninguna buena impresión que un gobierno acabado tome medidas así en sus últimos días, más aún cuando precisamente lo que lleva mucho tiempo abanderando ese gobierno es crear confianza mediante meros «gestos».

En cualquier caso, esto es traer a colación el debate del verdadero problema de la crisis, y no negarlo o minimizarlo con parches.

Rubalcaba ve modificando tu programa.