En lo que a mi opinión respecta, llevo tiempo asistiendo, a una forma de reivindicación de derechos individuales muy especial. La izquierda política más periférica se ha levantado en busca de tomar, capturar y ocupar, no sólo bienes materiales, como tierras de labor, cortijos o estanterías de supermercados; sino que está secuestrando a la justicia, erigiéndose como justicieros y administradores de justicia.

Como en más de una ocasión he comentado en este medio, las masas de gente, las congregaciones, son un ambiente especial donde la moral del individuo se disuelve, y bajo el amparo del anonimato por número, se permiten y se aceptan enunciaciones del tipo «no ha sido nadie el que ha hecho tal cosa, sino que es voluntad del pueblo». La voluntad del pueblo parece hacer justicia y ser incontestable, a pesar de que ese tipo de actuaciones son más propias de sociedades absolutistas que de sistemas democráticos con poderes separados y diferenciados. Es como si el mal-llamado pueblo decidiera cuando ser democrático y cuando no serlo.

Desgraciadamente, el que se estén dando muchas congregaciones de «pueblos» para pedir una forma de justicia propia, no es más que un síntoma de que efectivamente el sistema de administración de justicia no funciona como debería. Pero es más preocupante aún que no haya ninguna reivindicación seria y civilizada que pida precisamente eso. Lo cual da que pensar, que puede haber quienes sabiendo de estas lagunas de funcionalidad de la administración de justicia, se aprovecha de ellas. Y por eso vemos eso, gente que comete faltas, hurtos etc que son aceptados como ideológicamente correctos, y vemos también como ese subcobjunto de actividades aceptadas es cada vez mas amplio, mas laxo y menos discutido. Es decir, nos estamos aclimatando a un ambiente de autojusticia. Cualquiera se permite la licencia de decir lo que «es de justicia» o «hay que hacer justicia». Y ciertamente eso es muy mal síntoma para una sociedad, máxime cuando quien lo dice es un personaje político.
Así contemplamos también como quien verdaderamente recurre a la justicia es menospreciado, y como las sentencias y la propia ley es cada vez mas interpretables según quien la aplique, si es que no se omiten del todo.
Hasta tal punto ocurre todo esto que en muchos ámbitos concretos se da una prostitución de la Constitución Española en toda regla, cogiéndose de ella lo que se quiere, interpretándose subjetivamente otra parte, despreciando un tanto, y rebelándose contra el resto. Se pierde así el sentido de cualquier ley, reglamento, normativa o decreto que lo que persigue es cierto orden imparcial para todos, y se encamina el precipicio de una anarquía oligárquica, que aunque pueda parecer contrasentido, es en realidad el funcionamiento real de algunas organizaciones políticas.
Pero todo esto pasa totalmente desapercibido bajo una apariencia de defensa de derechos básicos individuales, que sirve de como encantamiento de aquel que necesita una justicia real, rápida y justa y se le ofrece un teatro de corrala.