Después de las elecciones generales, es ahora en esta semana cuando sus señorías han tomado posesión de sus escaños, en el Congreso y en el Senado, para la X Legislatura de la Democracia en la Monarquía Parlamentaria del Reino de España.

Algunas señorías han vuelto a mencionar en su juramento o promesa de la Constitución Española, que sólo lo hacían por el imperativo legal para así tomar posesión de su asiento. Es decir, que no les interesa lo que ponga la Constitución, ni les interesa el imperio de la ley a la que estamos todos sometidos; sino que tan sólo les interesa el fin, que es el que justifica la necesidad de prometer la Constitución y lo que haga falta, con tal de sentarse finalmente en el puesto político que precisamente es permitido por la ley y la Constitución.

Hasta cierto punto, entiendo la coletilla del «imperativo legal» cuando era mencionada por aquellos,  que anclados mentalmente en otro tiempo, no creen, no conciben, no aceptan otra forma de democracia que no sea mediante la república. Y tal vez no es que no crean en otra forma de estado, sino que la inercia de las pétreas ideologías políticas les impide actuar de otra forma hasta que no reflexionen introspectivamente. Por lo tanto no deseaban decir públicamente, que le iban a guardar lealtad al rey, que es uno de los símbolos que puede representar un estado.

Ahora en la promesa de la Constitución no estrictamente necesario declarar la lealtad al Rey. Y el no hacerlo no quiere decir que se menosprecie el Estado.

Sin embargo, si una persona se une a un partido político, o lo crea, y prepara con más o menos ahinco una campaña electoral, y pide el voto … todo eso no lo hace por imperativo legal, sino que lo ha hecho voluntariamente y conforme a las libertades de las que goza para defender sus opiniones a través de la Constitución. Desde luego todo eso lo hace para ostentar la representación política de las ideas que defiende, y si cabe, ostentar responsabilidad de gobierno. No obstante de antemano conoce todas las cuestiones previas legales, y con toda seguridad se ha informado, y si no lo ha hecho está dispuesto a someterse a la ley y la normativa vigente, y en cualquier caso, el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento.

Por lo tanto, aquel que haciendo uso ampliamente de las libertades y derechos otorgados por la ley, se queja de ser obligado a hacer otras que impone la ley, la conclusión más directa que se puede sacar, es que ese no cree en un estado de derecho que está basado en la ley, que no está dispuesto a aceptar leyes que le impongan obligaciones, o que sólo está ahí para obtener los beneficios (legales, políticos y económicos) que son los que le interesa. Y esto no tiene ninguna normal coherencia lógica o humana.

Sólo es explicable desde el egoísmo o la envidia o el abuso de los demás, y un político que no piensa en el bien general, niega el bien general, no debería llamarse político, aunque por los resquicios legales y democráticos puede ejercerla.