La que compré finalmente fue la Sony HDR-PJ200, en principio no por nada en particular, ni siguiendo ninguna recomendación. Simplemente cumplía mis premisas básicas y era la que estaba disponible en tienda.

Quería una cámara Full HD por supuesto y ésta lo es. Tiene una calidad de imagen bastante buena cuando se escoge la máxima resolución. Desde luego no es una cámara profesional que tienen mejor calidad de imagen, aunque se le echa de menos lo que ya tienen algunas cámaras domésticas para hacer enfoque manual.

También tenía claro que la quería de tarjeta de memoria. Hay muchas cámara ahora con disco duro interno de 80gb o de 120gb o incluso más. A mi parecer eso es absolutamente absurdo porque ese disco duro incrementa mucho el precio y ahora todos los dispositivos funcionan con tarjeta SD y las tarjetas se pueden compartir. Yo ya tenía varias tarjetas SD de alta capacidad y de clase 8, que las hace especialmente indicadas para la grabación de vídeo en alta calidad. En este aspecto tenía un poco de miedo por comprar Sony, ya que esta marca desarrolló las tarjeta Memory Stick y sus derivadas y creí que sólo iba a admitir esas tarjetas, pero no fue así. Sony recapacitó.

En lo que parece no haber mejorado la compatibilidad Sony es en la conexión HDMI. Todas las cámaras Full HD actuales disponen de salida HDMI directa para conectar a cualquier televisor. Pero hasta ahora, he comprobado que el audio sólo se transmite por HDMI cuando conectas a una TV Sony. En mi televisor Philips si conectas por HDMI no se oye nada.

También buscaba una cámara con un buen zoom. Dentro de las especificaciones engañosas de videocámaras y cámaras fotográficas está el zoom máximo en digital, que no tiene nada que ver con el zoom óptico que es el real. En ese aspecto Sony parece haberse abstenido de publicitar mucho su zoom digital de 300x mientras que sí destaca que tiene un 30x óptico que es bastante en una videocámara doméstica muy pequeña. No obstante, no sé que tal es la óptica de otras marcas como Canon, pero imagino que será de la misma magnitud.

El resto de características destacables creo que son ya comunes con todas las cámaras de su rango. Tal vez destaque la posibilidad de cargar la batería mediante conexión USB y la posibilidad, aún no comprobada por mi parte, de no necesitar ordenador para descargar los vídeos. Es decir, que teóricamente se pueden descargar en un disco duro portátil, pero no es algo indispensable considerando la posibilidad de intercambiar tarjetas.

Entre los inconvenientes creo que únicamente el que la cámara es muy pequeña. Cabe en un bolsillo. Al cogerla los que somos unos manazas nos cuesta trabajo flexionar los dedos para llegar a los botones, lo cual se traduce luego en movimientos de la imagen grabada.

En algunas ocasiones se puede echar de menos una entrada de micrófono externo para cuando vas a usar la cámara en un trípode, pues si bien la calidad de imagen es muy buena, el sonido en ciertos aspectos es mejorable.

Esa capacidad productiva, ese valor añadido a los inputs, referidos a todo un estado es lo que determina el Producto Interior Bruto, y las variaciones de éste determinará el crecimiento de ese estado en términos económicos.

Los entes individuales que producen son las empresas, y las hay de muchos tipos. Los factores de producción son también muchos, pero se pueden categorizar en factor capital y factor trabajo. Y las empresas, en función del aumento de demanda de su servicio o producto terminado, tiene que equiparse de más factores capital y trabajo, es decir, tienen que acudir al mercado de capital -financiación- y al mercado laboral -contratación-.

Obviamente, la empresa que ve aumentada la demanda de su producto no necesita incentivos para financiarse o para contratar, ya que la empresa se mueve por su propio cometido, que es funcionar, producir, crecer… Cuando el aumento de demanda de producto es pequeño, nulo o incluso negativo, la empresa no tiene necesidad de aumentar sus factores de producción, y por lo tanto, sin otros incentivos, la empresa tiende a no financiarse ni a contratar, porque evidentemente,  el objetivo básico de cualquier empresa es el beneficio.

El beneficio es la diferencia entre ingresos y los gastos: el resultado de la venta del producto demandado menos los costes de los factores productivos. Si el beneficio de una empresa es negativo, está en pérdidas, y de estar mucho tiempo en esa situación desaparecerá por completo. Para corregir el beneficio negativo, la empresa tiene que aumentar las ventas, pero si el beneficio negativo es como consecuencia de una disminución de la demanda, la empresa sólo puede corregir su situación disminuyendo los gastos.

¿Qué gastos reducirá? Pues reducirá en primer lugar los gastos variables. Si aún así sigue teniendo pérdidas, reducirá los gastos fijos; y si aún así sigue sin poder incrementar el beneficio, finalmente tendrá que reducir los propios factores productivos, reduciendo así su producción, desprendiéndose de financiación y de contratación, para no desaparecer. En definitiva, si a una empresa le va mal -independientemente del porqué le vaya mal- a los trabajadores les irá mal, y ahora a muchas empresas les va mal.

Porqué es acertada la actual reforma laboral

La actual reforma laboral ha tenido en cuenta básica y especialmente dos cosas, que son los desempleados y las empresas con riesgo de desaparecer. Es decir, es una reforma laboral para volver a poner en marcha la producción y rápidamente elevar el PIB. La inmensa mayoría de medidas de esta reforma laboral van en el sentido de incentivar y facilitar la contratación, lo cual, junto con la reforma financiera, puede hacer que las empresas que aún no han cerrado pero están en riesgo de hacerlo, se reactiven.

La reforma también tiene en cuenta que hay empresas que tienen riesgo de desaparecer y que tienen que disminuir sus factores de producción. El polémico abaratamiento del despido no es ni más ni menos que la flexibilización del mercado laboral acostumbrada en las empresas europeas, y que posibilita la evolución y adaptación a las circuntancias extremas, en este caso una grave disminución de la demanda y los ingresos.

Existe probablemente otro grupo de empresas que a la vista de las circuntancias han preferido esperar, y entrar un poco en ibernación, esperando que haya opciones más claras para maximizar beneficio, es decir, aumentar productividad. Esas empresas no tienen riesgo de desaparecer, pero con incentivos pueden aumentar la contratación. Esa es en realidad la única forma de disminuir el desempleo, que es el objetivo prioritario de la reforma laboral y del gobierno, flexibilizar el mercado laboral incentivando la contratación. Los despidos que se tengan que producir porque la empresa no tenga beneficios, no se pueden evitar; todo lo más que se puede hacer es enmascararlos, aplazarlos o “abaratarlos”.  Y siendo desgraciadamente inevitables muchos de esos despidos en empresas que aún tiene que cerrar, ¿qué hacer sino facilitar la contratación? Este análisis macroeconómico puede parecer frío ante cada una de las historias personales de los 5.000.000 personas que el anterior gobierno desesperanzó por completo, pero no es ni más ni menos tan frío que el regateo que podamos tener con la tendera habitual por 0’10€.

Un dato que cabría analizar sería el tiempo promedio que un trabajador despedido tarda en encontrar un nuevo trabajo. En España estamos muy acostumbrados a escuchar hablar de parados de larga duración; también en EE.UU., aunque es menos corriente que aquí. Eso da una idea de ese promedio, que no está directamente en función de la formación del trabajador o de la productividad de la empresa, sino de la flexibilidad del mercado, es decir, de la capacidad de poder acceder fácilmente a contratación sin handicaps, ni letra pequeña ni burocracia innecesaria. Me sorprendió mucho por ejemplo saber que, en el colmo de reducir la burocracia en favor de la libertad, en Irlanda ni siquiera existe un documento de identificación personal obligatorio para los ciudadanos.

Los sindicatos dicen que no les gusta esta reforma laboral. Cuando la anterior reforma se aprobó hicieron una huelga general con consignas contra el mundo empresarial, y no contra la reforma. Pero evidentemente los sindicatos no representan a los parados, ni proponen nada para disminuir el desempleo. Evidentemente ellos se defienden para tener el máximo número de personas afiliadas a las que representen, y si esta reforma está en lo cierto, y la apuesta por la flexibilización y dinamización del mercado laboral y de la contratación, los sindicatos pueden de dejar de tener muchos afiliados.

De todas formas, ni el número de sindicatos, o de afiliados sindiales, o de liberados sindicales, o el número de huelgas generales o protestas contrarreformistas es significativo del buen o mal funcionamiento de la productividad de un estado. Y esta reforma laboral sólo será buena o mala para mejorar la economía, no por lo que digan míticos argumentos repetitivos advirtiendo de una catastrofe mayor de la que ya existe, sino porque se mejore la productividad y la empleabilidad, y desde luego sólo cuando esto ocurra habrá que pensar en que se ha avanzado algo.

Algunas señorías han vuelto a mencionar en su juramento o promesa de la Constitución Española, que sólo lo hacían por el imperativo legal para así tomar posesión de su asiento. Es decir, que no les interesa lo que ponga la Constitución, ni les interesa el imperio de la ley a la que estamos todos sometidos; sino que tan sólo les interesa el fin, que es el que justifica la necesidad de prometer la Constitución y lo que haga falta, con tal de sentarse finalmente en el puesto político que precisamente es permitido por la ley y la Constitución.

Hasta cierto punto, entiendo la coletilla del “imperativo legal” cuando era mencionada por aquellos,  que anclados mentalmente en otro tiempo, no creen, no conciben, no aceptan otra forma de democracia que no sea mediante la república. Y tal vez no es que no crean en otra forma de estado, sino que la inercia de las pétreas ideologías políticas les impide actuar de otra forma hasta que no reflexionen introspectivamente. Por lo tanto no deseaban decir públicamente, que le iban a guardar lealtad al rey, que es uno de los símbolos que puede representar un estado.

Ahora en la promesa de la Constitución no estrictamente necesario declarar la lealtad al Rey. Y el no hacerlo no quiere decir que se menosprecie el Estado.

Sin embargo, si una persona se une a un partido político, o lo crea, y prepara con más o menos ahinco una campaña electoral, y pide el voto … todo eso no lo hace por imperativo legal, sino que lo ha hecho voluntariamente y conforme a las libertades de las que goza para defender sus opiniones a través de la Constitución. Desde luego todo eso lo hace para ostentar la representación política de las ideas que defiende, y si cabe, ostentar responsabilidad de gobierno. No obstante de antemano conoce todas las cuestiones previas legales, y con toda seguridad se ha informado, y si no lo ha hecho está dispuesto a someterse a la ley y la normativa vigente, y en cualquier caso, el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento.

Por lo tanto, aquel que haciendo uso ampliamente de las libertades y derechos otorgados por la ley, se queja de ser obligado a hacer otras que impone la ley, la conclusión más directa que se puede sacar, es que ese no cree en un estado de derecho que está basado en la ley, que no está dispuesto a aceptar leyes que le impongan obligaciones, o que sólo está ahí para obtener los beneficios (legales, políticos y económicos) que son los que le interesa. Y esto no tiene ninguna normal coherencia lógica o humana.

Sólo es explicable desde el egoísmo o la envidia o el abuso de los demás, y un político que no piensa en el bien general, niega el bien general, no debería llamarse político, aunque por los resquicios legales y democráticos puede ejercerla.

Todo lo que es de izquierdas es bueno, y todo lo que es de derechas es maligno. El tópico se extiende más allá, y pertenece a esa misma corriente de pensamiento injustificado el que los pobres, por ser de izquierdas tienen siempre todos los derechos y la razón, y los ricos, que siempre son de derechas, siempre son unos abusadores y retrógrados.

Podría seguir con este tipo de tópicos, confeccionados por la maquinaria de diseño de pensamientos de la izquierda. Pero me quiero centrar en los nacionalismos, que a mí me gusta llamarlos regionalismos.

La última corrida de toros en Cataluña, debido a una prohibición parlamentaria, responde evidentemente, a la tarea comenzada hace ya años, de desespañolizar aquella comunidad. Y en ese sentido esa prohibición se encuadra dentro de las persecuciones que el nacionalismo políticamente correcto ha emprendido.

La persecución más absurda y grave comenzó con el idioma. Prácticamente está prohibido hablar castellano, y desde luego es una incorrección social utilizarlo. Pero el nacionalismo ha pasado de ahí hace mucho, como todos sabemos, a sancionar por el uso escrito del castellano.

Lo que en un principio era un dialecto del castellano, hoy en día es un idioma que se le atribuyen dialectos derivados (valenciano, mallorquín, menorquín, ibicenco…). Lo que en un principio se fomentaba porque era un signo cultural de Cataluña, y era signo de personas cultas, hoy es un signo de incultura.

En cualquier caso, el catalán es hoy un idioma por imposición y por sanción. Ya poco queda en Cataluña que prohibir para expulsar lo que huela es español. Un dato interesante que han comentado hoy en televisión, es que los toros en Cataluña era la actividad que más recaudación de impuestos generaba en la región, y recordemos que es la única región en la que los impuestos se quedan íntegramente.

Los sacrificios por la cosa nacionalista, como en la cosa nostra,  están siempre justificados. Pobres de esos ecologistas por los animales que creen que su reivindicación responde al sentimiento desinteresado de sus representantes políticos.

Tal vez lo siguiente sea prohibir la tortilla española, o mejor aún, poner una tasa-sanción del 3 per cent. Allá esos progresistas que venden libertad barata.

Que pena es que la sensatez se tenga que adoptar por ley constitucional, y lo que debiera ser signo de coherencia, como es adoptar medidas de contención de gasto y derroche, se tenga que escribir en la carta magna para no sé qué.

Hace bien poco tiempo, el gobierno autorizaba las operaciones de endeudamiento extraordinario de regiones como Andalucía y Cataluña. Hace menos tiempo Rubalcaba hablaba de ahorrar 1.000 millones de euros mediante la supresión de las diputaciones. Así es estimados lectores, esto está dejando a los socialistas tan descolocados que la desbandada general está llegando a las cotas más altas.

Al margen de la obvia discusión partidista que puedan tener estas nuevas medidas autocontradictorias de Zapatero, ¿qué supone una modificación constitucional del gasto de las administraciones públicas?

En primer lugar supone una aceptación de las limitaciones del Estado en materia de inversión pública como forma de incentivar la economía, visto en los planes E. Es decir, esta decisión supone que el Gobierno puede ser más efectivo, y tiene que serlo, ahorrando que gastando. Algo de sobra conocido, pues tan solo hay que comparar cualquier presupuesto de contratación y ejecución pública con uno privado, fijándose por ejemplo en los gastos generales.

Por otro lado, supone también que el Gobierno ha sido incapaz de articular, controlar y gestionar el presupuesto y sus estimaciones, pues evidentemente una medida así sólo cabe adoptarla cuando el déficit y la deuda se han disparado y los ingresos a las arcas públicas son inseguros. Es decir, es un reconocimiento de la incertidumbre económica, y por lo tanto laboral, de nuestro país.

El hecho de que se haga a través de una modificación constitucional, y no a través de una ley como era la anterior de equilibrio presupuestario, denota una evasión de responsabilidades futuras dejando cualquier reclamación o posible resolución directamente a Constitucional.

Y por supuesto, también es una evasión de responsabilidad al saber de antemano que contaba con apoyo de la oposición, recuperando rastreramente un acuerdo rechazado.

Sí rectificar es de sabios, y más vale tarde que nunca. Pero no da ninguna buena impresión que un gobierno acabado tome medidas así en sus últimos días, más aún cuando precisamente lo que lleva mucho tiempo abanderando ese gobierno es crear confianza mediante meros “gestos”.

En cualquier caso, esto es traer a colación el debate del verdadero problema de la crisis, y no negarlo o minimizarlo con parches.

Rubalcaba ve modificando tu programa.

Básicamente, se habla de resistencia cuando el sujeto es capaz de poner barreras a la penetración del patógeno, o aislarse de alguna forma de la situación ambiental estresante. Es decir el sujeto manifiesta una aposición activa al agente externo. Mientras que hablamos de tolerancia, cuando a pesar de la infección patógena, o la situación de estrés, el sujeto no muestra síntomas negativos, al menos hasta cierto nivel de afección.

Sociológicamente, el concepto de tolerancia es muy interesante, y es muy similar a su uso en el campo de la biología en general. Y lo quiero usar aquí para hablar de la corriente de moda ahora desde hace unos meses, esto es, las manifestaciones sociales reivindicativas.

No recuerdo cuales fueron las primeras de las que tuvimos noticias recientemente, creo que fueron las del mundo árabe. Aunque nos podríamos remontar más atrás, y recordar la huelga de controladores aéreos, o incluso yendo más atrás podríamos recordar la convocatoria de huelga general en España o la de Francia.

Las últimas más recientes son los llamados indignados del 15M, los saqueos de pandillas en Inglaterra, e incluso la de los agricultores franceses en la frontera española, pero ésta no es ninguna novedad.

El caso, y haciendo uso de otro concepto multidisciplinar como es el de homología, puedo decir que la sociedad está siendo, hasta ahora, resistente con algunas manifestaciones (en el sentido de actos) de personas, que están causando un estrés. Hablo de resistencia, pues la sociedad ha desarrollado esa cualidad al acostumbrarse, cual callo que sale en las manos al trabajar que te protege de la herramienta de trabajo.

En concreto el movimiento 15M está cambiando, por seguir con los tecnicismos está metamorfoseando, y pasando de un tipo de reivindicaciones generalistas inicialmente, a otras más particulares y sectoriales, por llamarlas de alguna manera. Han pasado de ser comprensibles a ser injustificados.

A mi modo de ver, esas manifestaciones (no en el sentido de congregación de gente con consignas, sino de actos y hechos) se están empezando a asemejar mucho a las desagradables que estamos viendo ahora diariamente en las noticias internacionales. Permanentemente escuchamos hablar de derechos que avalan tales manifestaciones, pero, y e aquí el sentido de la tolerancia hasta cierto nivel de afección, el abuso de ciertos derechos se está convirtiendo en agresiones a los derechos de otros. Esos abusos los podemos permitir, los podemos tolerar, pero no lo creo aconsejable en absoluto. Menos aún cuando el movimiento 15M, al principio generalista, pretendía de alguna forma representar a toda la sociedad, de tal forma que no tiene ni representante, ni presidente, ni portavoz, ni discurso definido. Parecía así que era toda la sociedad la que hablaba y se sentía defendida a través del “organizado y espontáneo movimiento” incipiente antes de unas elecciones municipales en nuestro país. Parecían tener licencia para cualquier cosa debido a su alta representatividad, hasta tal punto de copar monopolísticamente plazas y espacios públicos, incluso durante una jornada de reflexión electoral haciendo apología de la abstención. Todo eso, a mí desde luego no me hace sentir identificado. Esto es otra vez la fabricación de la verdad a base de repetirla muchas veces y por muchas personas públicamente.

Estas manifestaciones parecen estar convirtiéndose en una forma de vida adyacente a la realidad, pues sabiendo que la principal preocupación de los españoles es el empleo, y como se ha repetido en numerosas ocasiones, todavía no ha trascendido ninguno de estos manifestantes protestar para encontrar un empleo o por recuperar el que tuvieran.

No me representan ni tolero de ninguna manera tampoco cuando intentan el boicot a otro acto, como es la JMJ, atentando de nuevo contra los derechos de otras personas, esgrimiendo como argumentos meras escusas que aplican a conveniencia, y dejando entrever una ideología agresiva en aquéllos que no se definían.

No me representan ni tolero cuando consideran enemigos a la policía y a las autoridades en general que están puestas como garantía de los derechos y la democracia. O cuando agreden o condicionan a los representante más que legítimamente elegidos en instituciones como parlamentos regionales, dificultando accesos, haciendo pintadas o increpando etc.

No me representan ni tolero cuando quieren derrumbar el orden establecido para crear “un nuevo sistema”, intentando ser abanderados de la libertad haciendo ruido y dejando una senda de caos anárquico.

No me representan ni tolero el actuar como una veleta dirigida por el viento cambiante y caprichoso de consignas precocinadas, poniendo de relieve que ni son espontáneos, ni novatos, ni son movimiento autónomo, ni actúan por interés propio.

No me representan ni tolero que no admitan debate ni respuesta a sus mensajes que parecen estar ubicados en el campo de la absoluta verdad indiscutible, cuando precisamente son más viejos que el mecanismo de un chupe.

No tolero la profesionalidad de la indignación, pero ya soy resistente a las cantinelas de siempre.

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